controversias De Gabriela Michetti

En este apartado se encuentran algunas de las controversias de la política argentina Marta Gabriela Michetti.

Michetti fue legisladora porteña (2003-2007), vicejefa de Gobierno porteño (2007-2009), diputada de la Nación (2009-2013), senadora de la Nación (2013-2015), y se desempeñó como Vicepresidenta de la Nación Argentina, entre 2015 a 2019.

Denuncias judiciales

Denuncia y desestimación por el memorándum con Catar

controversias De Gabriela Michetti 
Gabriela Michetti firmando el memorándum con el ministro de economía catarí Ahmed bin Jassim Al Thani.

El 30 de diciembre de 2016 el presidente Macri, Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inc. 5º del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del C.P) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del C.P) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar del 6 de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1300 millones de dólares, con una "estructura offshore", para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez federal Daniel Rafecas, quien dirigió la investigación, dispuso la desestimación por inexistencia de delito de la denuncia formulada contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Susana Malcorra y una serie de funcionarios nacionales. Rafecas expresó en el fallo que la firma del memorándum no implica obligación legal, económica o financiera para Argentina, y por lo tanto no implicó ningún daño patrimonial al país, que habilitara una investigación penal. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal. El juez Leopoldo Bruglia sostuvo que "el hecho objeto de estas actuaciones no encuadra en ninguna hipótesis penalmente relevante" resultando el Memorándum "una conducta atípica que no amerita dar curso a una investigación penal". Mientras que Jorge Ballestero agregó que el Memorándum cuestionado "no se instituye, hoy, en un acto jurídico susceptible de ser abordado desde este ámbito penal".​​​​

Causa judicial y sobreseimiento por el dinero que fue robado de su casa

El 22 de noviembre de 2015, el mismo día en que se celebraba el balotaje en el que fue elegida vicepresidenta, Michetti sufrió el robo en su propia casa de «5000 pesos, del cajón de la mesa de luz situada en el lado izquierdo; 200 mil pesos, de una bolsa de papel madera que se encontraba al costado de la cama; 40 mil pesos, del interior del placard, envueltos en una bolsa de cartón; 50 mil dólares, del otro placard de madera», por el hecho fue procesado y condenado un custodio de la entonces senadora nacional.​ El robo no se conoció hasta que en julio de 2016 el diario Tiempo Argentino dio cuenta del mismo.​ El caso fue llamado por la prensa Caso Michetti.​​ Actualmente se encuentra sobreseída,​ habiendo sido la segunda vicepresidenta en la historia en quedar imputada y luego sobreseída en el ejercicio del cargo.​

Michetti en un primer momento al conocerse el caso dijo que era absolutamente mentira que hubiese bolsos con dinero en su casa.​​ Posteriormente afirmó que «los 200 mil pesos declarados pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA que yo presido»; «los 45 mil pesos eran el dinero con el que estaba pagando una refacción en mi casa y el resto, el manejo cotidiano de una casa de familia»; «los 50 mil dólares, se trataba de un préstamo que había recibido de Juan (mi pareja), para el pago de una maestría que yo quería regalarle a mi hijo».​ Su pareja declaró que el dinero «eran para donaciones y no fruto de donaciones».​ Juan Tonelli, pareja de Michetti, declaró dos veces en la causa sobre el robo “y que en ninguna de esas dos ocasiones dijo que los dólares se los hubiera prestado él”.​ Por estas contradicciones, se realizaron tres denuncias diferentes para investigar el origen de los fondos robados.​​ Uno de los denunciantes, el diputado Rodolfo Tailhade, reveló que la vicepresidenta obligó a su empleada doméstica a frenar la denuncia del robo.​ Ante la justicia, la empleada doméstica admitió la "habitual" existencia de bolsos con dinero dentro de la casa de Michetti: afirmó que "siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio".​ La empleada doméstica de Michetti declaró ante la Justicia que la vicepresidenta “guardaba dinero dentro de la habitación”, confió que le pedía a ella que le guardara el dinero en un placard envueltos en pañuelos, pero no sabía la cantidad exacta en virtud de dárselos en sobres cerrados, según se lee en la declaración.​ Posteriormente al ordenarse allanaciones por parte del fiscal de manera precipitada se realizó a medianoche el cambio de domicilio de la fundación a la dirección de Pasco 640, donde vive Gabriela Michetti y de donde fue robado el dinero investigado.​

Según establece la Unidad de Información Financiera (UIF), toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada. Por otro lado, "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50 000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información."​ El fiscal Marijuán indaga el dinero correspondiente a la fundación SUMA porque la normativa prohíbe que las fundaciones reciban donaciones en pesos y buscará averiguar si SUMA justificó el origen de sus donaciones y cumplió con las normas antilavado. El fiscal solicitó indagar sobre un conjunto de fundaciones más amplio que están en la mira como posibles fuentes de recaudación para el financiamiento de la actividad política de PRO.​ A raíz de su caso, se comenzó a investigar el funcionamiento de otras fundaciones similares que habitan el ecosistema PRO tales como Fundar Justicia y Seguridad (del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco) o Formar (que dirige el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich). Incluso se avanzó sobre la extinta Creer y Crecer, que capitaneaba el polémico intendente de Lanús, Néstor Grindetti, jaqueado también por la investigación sobre los Panamá Papers.​

Las explicaciones dadas por Michetti sobre el dinero robado también produjeron polémica debido a que la Fundación SUMA por ley, como todas las fundaciones, debe recibir importes superiores a 50 000 pesos de a través de medios electrónicos y deben presentar una declaración jurada. La fundación no cumplió ninguno de estas normas.​​ Asimismo, Michetti afirmó que la fundación formada en 2009 tenía tres empleados, pero no se encontraba registrada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como empleadora y sólo lo hizo recién después de la causa judicial, en julio de 2016.​ Tampoco presentó ningún balance de los 6 años que se encuentra operando, ni tampoco informó de las supuestas asambleas realizadas ante la Inspección General de Justicia, que fueron presentadas todas de manera conjunta en agosto de 2016.​ Días después se descubrió que —de acuerdo al propio Boletín Oficial porteño— la pareja de Michetti, Tonelli, recibió más de dos millones de pesos producto de la pauta publicitaria en sus revistas y la organización de eventos gastronómicos como el "BAM – Buenos Aires Market" y las "Sparkling Nights".​​​ Se encontró también que, pese a contar con importes millonarios y estar en actividad desde 2009, la Fundación recién registró su CUIT hace un mes, luego del escándalo por el origen del dinero. Se desprende que además, tampoco habían presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia. Además, aunque presentaba en su página web un amplio personal de empleados, la Fundación no contaba con ningún empleado registrado.​ El 12 de agosto fue imputada por el origen del dinero robado en su casa.

El 3 de septiembre el juez federal Ariel Lijo ordenó secuestrar los libros contables de la fundación SUMA, pero los investigadores no los encontraron porque los tiene el contador, mientras la AFIP informó que la ONG recibió solo en 2015 aportes por más de cuatro millones de pesos.​ tras el informe publicado por Economía Política el último domingo, Martínez Herrero solicitó investigar el vínculo entre el acusado de proxeneta pronto a ir a juicio oral, Morales Comini, y la fundación de la vicepresidenta.

El 12 de abril de 2017 el juez federal Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa que investigaba el origen de los fondos que le robaron de su casa el 22 de noviembre de 2015. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 consideró que Michetti logró acreditar que $245.000 y los u$s 50.000 sustraídos de su casa de Balvanera el 22 de noviembre de 2015 eran "legales". Asimismo, el magistrado resolvió que se archive la investigación vinculada al funcionamiento y financiamiento de la fundación SUMA impulsada por diputados del Frente para la Victoria. El juez sostuvo que luego de producir toda la prueba y recopilar gran cantidad de información de cada una de las fundaciones, no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco sustentó la producción de nuevas medidas por encontrarse agotada la investigación.​

En 2017 apareció en la lista de periodistas afines al gobierno que habían sido beneficiados por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien repartió en 30 días 3,1 millones de pesos bajo la etiqueta de “pauta publicitaria” del Senado otorgada por contratación directa, y esquivando todos los controles oficiales la lista estaba integrada entre otros beneficiarios considerados periodistas "oficialistas" por Mónica Gutiérrez, Luis Novaresio, María O'Donnell y Carlos Pagni, Facundo Pastor, Luis Majul, Santo Biasatti, Pablo Rossi, Joaquín Morales Solá, Nicolás Dujovne, Jorge Lanata, etc.​​ A raíz del caso Gabriela Michetti fue denunciada por irregularidades en el reparto de pauta oficial desde el Senado e incumplimiento de deberes de funcionario.​

Imputación por malversación de fondos públicos

En el marco de una causa penal llevada adelante por el juez Ariel Lijo que investiga fundaciones ligadas al PRO, el fiscal Guillermo Marijuan radicó una denuncia por la contratación irregular de Cecilia Ruth Brook, pareja del periodista Alfreo Leuco, que había sido designada en el Senado aunque “no desempeñaría ningún cargo en la Cámara Alta sino que realizaría tareas privadas para la Fundación SUMA", que encabeza la vicepresidenta.​​

Referencias

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