Historia De La Federación De Rusia

La conversión de la economía más grande del mundo controlada por un estado en una economía orientada al mercado ha sido extraordinariamente complicada. Las políticas escogidas para esta difícil transición fueron la liberalización, la estabilización y la privatización. Estas políticas estaban basadas en el neoliberal "Consenso de Washington" del FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los programas de liberalización y estabilización fueron diseñados por el vice primer ministro de Yeltsin Yegor Gaidar, un economista liberal de 35 años inclinado hacia la reforma radical y muy conocido como defensor de la "terapia de choque". La terapia de choque empezó días después de la disolución de la Unión Soviética, cuando el 2 de enero de 1992 el presidente Borís Yeltsin ordenó la liberalización del comercio exterior, los precios y la moneda. Esto supuso la eliminación de los controles de precios de la era soviética con el fin de atraer los bienes a las vacías reservas rusas. Se hicieron desaparecer las barreras legales del mercado privado y la manufactura, y se cortaron los subsidios para granjas estatales e industrias mientras se permitían las importaciones del exterior en el mercado ruso, tratando así de acabar con el poder del estado propietario de monopolios locales.

Los resultados parciales de la liberalización (la eliminación de los controles de precios) fueron un empeoramiento de la hiperinflación (después de que al Banco Central, un órgano bajo parlamento, que era escéptico con las reformas de Yeltsin, le faltaran ingresos y dinero en efectivo para financiar su deuda) y que gran parte de la industria rusa se encontrara cerca de la bancarrota.

El proceso de liberalización crearía ganadores y perdedores, dependiendo de en qué situación se encontrasen dispuestos los diversos sectores industriales, clases sociales, grupos de edad, grupos étnicos, regiones y demás sectores de la sociedad rusa. Algunos saldrían beneficiados de la apertura a la competencia; otros muy perjudicados. Entre los vencedores se encontraba la nueva clase de empresarios y comerciantes del mercado negro que habían aparecido bajo la perestroika de Mijaíl Gorbachov. Pero la liberalización de los precios significó que los ancianos y otras personas con ingresos fijos sufrirían un severo descenso de nivel de vida, y la gente vería una vida de ahorro tirada por tierra.

Con la inflación en tasas de dos dígitos por mes, la estabilización de la macroeconomía se caracterizó por controlar esta tendencia. La estabilización, también llamada ajuste estructural, es un régimen de estricta austeridad (rigurosa política monetaria y política fiscal para la economía, con las que el gobierno buscaba el control de la inflación). Bajo el programa de estabilización, el gobierno permitió que muchos precios flotasen, elevó las tasas de interés hasta máximos récord, subió fuertemente nuevas tasas, bruscamente disminuidas por subsidios gubernamentales para la industria y la construcción, e hizo recortes masivos en el gasto estatal destinado al bienestar. Estas políticas causaron privación generalizada, puesto que muchas empresas del estado se encontraron sin financiación. Muchas industrias cerraron y se produjo una vasta depresión.

La base del programa fue disminuir la intrínseca presión inflacionaria de modo que los productores empezarían tomando decisiones razonables con respecto a la producción, los precios y la inversión en lugar de utilizar recursos excesivos (un problema cuya consecuencia había sido la escasez de bienes de consumo en la Unión Soviética en los años 1980). Los reformadores tuvieron la intención de crear una incentiva estructura en la economía donde la eficiencia y el riesgo fueran recompensados y el derroche y la negligencia penalizados. Eliminando las causas de la inflación crónica, los arquitectos de la reforma defendían lo que fue una condición previa para todas las otras reformas: la hiperinflación arruinaría la democracia y el progreso económico. También sostenían que solo estabilizando el presupuesto estatal podría el gobierno proceder a desmantelar la planeada economía soviética y crear una nueva Rusia capitalista.

La economía de Rusia se hundió en una profunda depresión a mediados de los años noventa, que llegó a ser mayor debido al hundimiento de 1998, y empezó a recuperase en 1999-2000. El descenso de la economía rusa fue más grave que la Gran Depresión, la cual casi paralizó el mundo capitalista después de 1929.

Prudentes estimaciones del Banco Mundial basadas en datos macroeconómicos y encuestas de ingresos y gastos familiares indicaban que mientras que en 1988 tan solo un 1.5 % de la población vivía en la pobreza (definida como ingresos por debajo del equivalente a 25$ al mes), a mediados de 1993 se trataba de entre el 39 % y 49 % de la población. La media de ingresos mensuales per cápita había descendido de 72$ a 32$.​ Los ingresos per cápita cayeron otro 15% en 1998, según los gobernantes.

Los indicadores de la salud pública mostraban un dramático descenso. En 1999, el total de la población disminuyó aproximadamente en tres cuartos de millón de personas. Mientras tanto, la esperanza de vida de los hombres bajaba de 64 años en 1990 a 57 años en 1994, y la de las mujeres de 74 a 71. Los factores de salud y el incremento de muertes no naturales (tales como asesinatos, suicidios y accidentes causados por un aumento de la despreocupación hacia la seguridad) mayoritariamente en gente joven, contribuyeron a esta tendencia. En 2004 la esperanza de vida era mayor que después de la crisis en 1994, pero todavía permanecía por debajo del nivel de 1990.

Las muertes relacionadas con el alcohol subieron un 60 % en los años 1990. Las muertes por infecciones y enfermedades parasitarias se incrementaron un 100 %, principalmente porque las medicinas ya no estaban al alcance de los pobres. Actualmente hay aproximadamente 1,5 veces más muertes que nacimientos al año en Rusia.

La escasez en el suministro de bienes de consumo características de los años 1980 se acabaron, no solo debido a la apertura del mercado ruso a importaciones a principios de la década, sino también al empobrecimiento de la población rusa en ese periodo. Los rusos con ingresos fijos (la gran mayoría de los trabajadores) vieron su poder adquisitivo drásticamente reducido, de modo que no podían comprar prácticamente nada.

En 2004 la media de ingresos había ascendido a más de US$100 al mes, prueba de la suave recuperación en los últimos años gracias, en gran medida, a los altos precios del petróleo. Pero los crecientes ingresos no se están distribuyendo equitativamente. La desigualdad social creció bruscamente durante la década con el Coeficiente de Gini, que llegó a alcanzar el 40 %. Las diferencias de ingresos de Rusia están ahora cerca de ser tan grandes como las de Argentina y Brasil, que han estado desde hace mucho a la cabeza del mundo en cuanto a desigualdad, y esas diferencias económicas siguen creciendo considerablemente en la actualidad.

La reforma estructural hizo descender el nivel de vida para muchos grupos de la población. Por ello se creó una poderosa oposición política. La democratización abrió los canales políticos que permitían descargar esa frustración, de tal modo que se transformó en votos para los candidatos antireforma, especialmente para aquellos del Partido Comunista de la Federación Rusa y sus aliados en el parlamento.

Los votantes rusos, capaces de votar a los partidos opositores en los años 1990, a menudo rechazaron las reformas económicas y anhelaron la estabilidad y la seguridad personal de la era soviética. Eran los grupos que en aquella era había disfrutado los beneficios del control de salarios y precios por parte del estado, los altos gastos para subvencionar a ciertos sectores de la economía, la protección de la competencia proveniente de las empresas extranjeras, y los programas de asistencia social.

Durante los años de Yeltsin, esos grupos estaban bien organizados, declaraban su oposición a la reforma mediante fuertes uniones comerciales, asociaciones de directores de empresas propiedad del estado, y grupos políticos cuyos constituyentes principales se encontraban entre los vulnerables a la reforma. Un tema constante en la historia de Rusia en esa década fue el conflicto entre los reformadores económicos y los hostiles hacia el nuevo capitalismo.

El 2 de enero de 1992, Yeltsin —actuando como su propio primer ministro— promulgó por decreto los aspectos más controvertidos de la reforma económica. Esto le ahorró discutir y pactar las perspectivas parlamentarias, y también destruyó las esperanzas de cualquier conversación significativa acerca del camino que debía tomar el país. Retrospectivamente, además del gran precio que pagaron los rusos a causa de estas decisiones autoritarias, estas ni siquiera ayudaron al país en la transición hacia la economía del mercado.

En cualquier caso, la reforma radical aun tuvo que enfrentarse a algunas críticas barreras políticas. En la era soviética, el Banco Central aún estaba subordinado al conservador Soviet Supremo que se oponía a la presidencia. Durante el auge de la hiperinflación en 1992–1993, el Banco Central intentó realmente desbaratar las reformas imprimiendo moneda en un período de inflación. Al fin y al cabo, el gobierno ruso iba corto de ingresos y fue forzado a imprimir dinero para financiar sus deudas. Como resultado, la inflación se convirtió en hiperinflación, y la economía rusa continuó cayendo en una sería depresión.

Las nuevas oportunidades capitalistas debidas a la apertura de la economía rusa a finales de los años 1980 y principios de los años 1990 afectaron a los intereses de mucha gente. Como el sistema soviético estaba siendo desmantelado, los jefes bien situados y los tecnócratas del Partido Comunista, la KGB y el Komsomol (Unión Comunista de la Juventud) fueron sacando provecho del poder y los privilegios que tenían en la era soviética.

El programa de privatización estaba profundamente corrupto desde el principio. El mundo occidental en general abogaba por una desmantelado rápida de la economía planificada soviética para abrir el camino a las "reformas de libre mercado", pero más tarde expresó su desacuerdo acerca del poder y la corrupción de los "oligarcas". Algunos llamaron a esta oleada de botines "capitalismo de la nomenklatura". En la época en que el gobierno de Yeltsin llevó a cabo las reformas radicales, los "capitalistas de la nomenklatura" ya se habían afianzado como poderosos.

Posteriormente, la privatización de las empresas del estado dio a muchos de los que se habían enriquecida a principios de los años 1990 una oportunidad para convertir su dinero en acciones de empresas privatizadas. El gobierno de Yeltsin esperaba utilizar la privatización para ampliar tanto como fuera posible su posesión de acciones de antiguas empresas propiedad del estado, consiguiendo así soporte político para su gobierno y sus reformas.

El gobierno utilizó un sistema de vales gratis como medio para dar un impulso inicial a la privatización en masa. Pero esto también permitió a la gente comprar acciones en empresas privatizadas con dinero en efectivo. El gobierno acabó con la fase de privatización de vales y comenzó la privatización de efectivo, ideando un programa que pensó que aceleraría la privatización y al mismo tiempo le daría un dinero en efectivo que necesitaba mucho.

Según el plan, que rápidamente pasó a ser conocido en Occidente como "préstamos por acciones", el régimen de Yeltsin subastaba paquetes sustanciales de acciones de algunas de sus empresas más deseables, como las de energía, telecomunicaciones y metalurgia como avales de préstamos bancarios.

En el intercambio de préstamos, Yeltsin entregó muchas veces activos valiosos. Según los términos de los acuerdos, si el gobierno de Yeltsin no devolvía los préstamos en septiembre de 1996, el prestamista pasaría a ser propietario del título y podía revenderlo o adquirir una posición equivalente en la empresa. Las primeras subastas se produjeron en la caída de 1995. Normalmente se hacían de modo que se limitaba el número de pujas bancarias para acciones, consiguiendo mantener los precios de las acciones extremadamente bajos. En el verano de 1996, los mayores paquetes de acciones de algunas de las mayores empresas rusas se habían traspasado a un pequeño número de grandes bancos, lo cual permitía a estos poderosos bancos hacerse propietarios de un importante número de acciones de grandes compañías a precios sorprendentemente bajos.

La concentración de poder financiero e industrial inmenso, a la cual habían ayudado los "préstamos por acciones", se extendió a los medios de comunicación. Uno de los más importantes magnates de las finanzas, Borís Berezovski, que controlaba grandes participaciones en varios bancos y empresas, ejerció una gran influencia en la programación de la televisión estatal durante un tiempo. Berezovski y otros poderosos e influyentes magnates que controlaban estos grandes imperios de las finanzas, la industria, la energía, las telecomunicaciones y los medios pasaron a ser conocidos como los "oligarcas rusos". Junto con Berezovski, Mijaíl Jodorkovski, Román Abrámovich, Vladímir Potanin, Vladímir Bogdánov, Rem Viájirev, Vagit Alekpérov, Víktor Chernomyrdin, Víktor Vekselberg, y Mijaíl Fridman destacaron como los oligarcas más prominentes y poderosos de Rusia.

La corrupción cubrió todo el espacio de relaciones sociales en la nueva Rusia. Actualmente, lo que queda de aquello son narcotraficantes y líderes del crimen organizado (ver también Mafia rusa). Entre ellos hay un pequeño ejército de extorsionistas que salieron de las ruinas del sistema socialista.

Los oligarcas, que utilizaban los contactos conseguidos durante los últimos años de la era soviética para saquear los grandes recursos de Rusia durante las desenfrenadas privatizaciones de los años de Yeltsin, se convirtieron en los hombres más odiados de la nación. Hoy en día, en Rusia, los oligarcas controlan más del 85 % del valor de las compañías privadas líderes del país.

Las elecciones presidenciales de Rusia de 1996 se realizaron el domingo 16 de junio de 1996 (primera vuelta) y el miércoles 3 de julio siguiente (segunda vuelta). El resultado fue la victoria del, en ese momento, presidente de Rusia, Borís Yeltsin, quien se presentó como independiente. La participación en la primera ronda de la votación fue del 69,8 %. De acuerdo con los datos anunciados, Yeltsin ganaba un 35 % del voto; Guennadi Ziugánov un 32 %; Aleksandr Lébed, un 14,5 %; el candidato liberal Grigori Yavlinski un 7,4 %; el nacionalista de extrema derecha Vladímir Zhirinovski un 5,8 %; y el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov un 0,5 %. Con ningún candidato asegurando una mayoría absoluta, Yeltsin y Ziugánov pasaron a una segunda ronda. Al mismo tiempo, Yeltsin recogía un gran sector del electorado designando a Lébed para los puestos de consejero de seguridad nacional y secretario del Consejo de Seguridad. En el escrutinio de la segunda vuelta, con una participación de un 68,9 %, Yeltsin consiguió un 53,8 % del voto y Ziugánov un 40,3 %, con el resto (5,9 %) votando "contra todos".

Análisis y declaraciones posteriores afirman que las elecciones fueron fraudulentas, con el fin de favorecer a Yeltsin. Y es que al comienzo de la campaña se había pensado que Yeltsin, que gozaba de una salud dudosa (después de haberse recuperado de una serie de infartos) y cuyo comportamiento era algo errático, tenía pocas posibilidades de reelección. Cuando empezó el período electoral a principio de 1996, la popularidad de Yeltsin estaba cercana a cero. Mientras tanto, el Partido Comunista de la Federación Rusa de la oposición ya había ganado terreno en el voto parlamentario el 17 de diciembre de 1995, y su candidato, Guennadi Ziugánov, tenía una base fuertemente organizada, especialmente en las zonas rurales y las pequeñas ciudades, y apelaba al recuerdo de los tiempos del prestigio soviético en el escenario internacional y el orden socialista.

En este contexto, Yeltsin cambió a su equipo electoral y nombró director de campaña a Anatoli Chubáis, que no solo era el organizador de la campaña sino también el arquitecto del programa de privatización ruso. Así, el entorno del presidente asumió que solo tenía un breve período para actuar en la privatización; por ello necesitaba dar pasos que tuvieran un impacto inmediato, haciendo que la vuelta atrás en la reforma tuviera un coste prohibitivo para sus oponentes. La solución de Chubáis fue optar por intereses potencialmente poderosos, incluyendo los directores de empresas y oficiales regionales, con el fin de asegurar la reelección de Yeltsin.

En la primavera de 1996, Chubáis y Yeltsin reclutaron a un equipo de seis magnates que lideraban las finanzas de Rusia (todos oligarcas), los cuales financiaron la campaña de Yeltsin con , a pesar de que el límite de la campaña se había fijado en 3 millones de acuerdo con la ley electoral rusa. Además garantizaron una cobertura mediática que servía a la estrategia de la campaña del presidente. Los medios dibujaron el cuadro de una elección fatídica para Rusia: entre Yeltsin y la "vuelta al totalitarismo" e incluso jugaron con la idea de una guerra civil si un comunista era elegido presidente. El círculo de Yeltsin trabajó para dividir el discurso político, excluyendo de este modo al centro —representado principalmente por el liberal Grigori Yavlinski— y convenciendo a los votantes de que solo Yeltsin podía vencer a la "amenaza" comunista. Las elecciones se convirtieron en una competición entre dos hombres, y Ziugánov, que carecía de los recursos de Yeltsin y del apoyo financiero, vio impotente cómo se desvanecía su, al principio, fuerte iniciativa.

Yeltsin hizo una campaña enérgica, acallando las voces acerca de su salud, explotando todas las ventajas para mantener un alto perfil mediático. Para apaciguar el descontento de los votantes, hizo la declaración de que abandonaría algunas reformas económicas impopulares (políticas de austeridad neoliberales) y aumentaría el gasto en asistencia social, terminaría con la guerra de Chechenia, pagaría los atrasos de salarios y pensiones y cancelaría el programa de reclutamiento militar. Un mes después de su elección, Yeltsin decretó la cancelación de casi todas estas promesas, con excepción de la guerra de Chechenia, que se paró durante 3 años. Justo después de la elección, la salud física y la estabilidad mental de Yeltsin se fueron haciendo cada vez más precarias. Muchas de las funciones ejecutivas de Yeltsin recayeron sobre un grupo de consejeros (muchos de los cuales tenían estrechos lazos con los oligarcas).

La crisis financiera en Rusia (también llamada la "crisis del rublo") golpeó a Rusia el 17 de agosto de 1998. Fue exacerbada por la crisis financiera asiática que empezó en julio de 1997. Dado el declive consiguiente en los precios mundiales de los commodities, los países como Rusia, que dependían fuertemente de la exportación de materias primas, estuvieron entre los más severamente perjudicados (el petróleo, el gas natural, los metales y la madera conformaban más del 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales. El petróleo era, además, el recurso que mayores ingresos fiscales generaba al gobierno ruso​). La profunda disminución en el precio del petróleo tuvo consecuencias severas para Rusia; sin embargo, la causa primordial de la crisis financiera rusa no fue directamente la caída de los precios del petróleo, sino el resultado de la falta de pago de los impuestos por parte de las industrias energéticas y manufactureras. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron "Efecto Vodka".

Esta crisis también se tradujo por una crisis económica que culminó en 1998, que fue marcada por una enorme devaluación del rublo y un defecto sobre la deuda rusa (el GKO particularmente). Esta crisis financiera se produjo en el contexto del comienzo de una desaceleración económica mundial. La inflación anual de 1997 fue del 84 % en Rusia.

El presidente Boris Yeltsin despidió al primer ministro Víktor Chernomyrdin el 23 de marzo de 1998 y nombró en su reeplazo al Ministro de Energía Serguéi Kiriyenko. En un esfuerzo por apoyar la moneda y detener la pérdida de capital, Kiriyenko subió las tasas de interés hasta el 150 %. El FMI aprobó un préstamo de emergencia de US$22,6 billones el 13 de julio. A pesar del balón de oxígeno, los pagos de intereses mensuales de Rusia todavía excedieron en mucho sus ingresos de impuestos mensuales. Dándose cuenta de que la situación era insostenible, los inversores continuaron huyendo de Rusia. Semanas después la crisis financiera se reanudó cuando el valor del rublo volvió a bajar. El 17 de agosto, el gobierno de Kiriyenko y el banco central fueron forzados a suspender los pagos de la deuda externa de Rusia durante 90 días, reestructurando la deuda de la nación entera, y devaluando el rublo. El rublo empezó una caída libre, y los rusos buscaron frenéticamente la compra de dólares. La inversión externa se precipitó fuera del país, y la crisis financiera provocó una fuga de capital sin precedentes en Rusia.

El 23 de agosto, Yeltsin despidió a Kiriyenko y declaró su intención de volver a poner a Chernomyrdin en el cargo, pero la asamblea legislativa no dio su aprobación. Después de que la Duma Estatal rechazara la candidatura de Chernomyrdin por segunda vez, Yeltsin, con su poder claramente menguado, retrocedió. En su lugar, nombró Ministro de Exterior a Yevgueni Primakov, que fue aprobado de manera abrumadora por la Duma el 11 de septiembre. Este nombramiento devolvió la estabilidad política, porque se lo vio como un candidato comprometido capaz de arreglar las diferencias entre los grupos enfrentados en Rusia. Primakov prometió hacer que el pago de salarios y pensiones atrasados fuera la primera prioridad de su gobierno, e invitó a los miembros de las diferentes facciones parlamentarias a su Gabinete.

Los comunistas y los sindicalistas protagonizaron una huelga a nivel nacional el 7 de octubre y pidieron la dimisión de Yeltsin. El 9 de octubre, Rusia, que también estaba sufriendo una mala cosecha, apeló a la ayuda humanitaria internacional, incluyendo alimentos. Sin embargo, el país se recuperó del hundimiento financiero del 98 con sorprendente velocidad. La recuperación se debió en gran parte a la rápida subida en 1999–2000 de los precios mundiales del petróleo. Otro motivo fue que las industrias domésticas salieron beneficiadas de la devaluación, lo que causó un fuerte incremento en los precios de bienes importados. Además, puesto que la economía rusa operaba en gran medida mediante trueque y otros medios de intercambio no monetarios, el colapso financiero no tuvo un impacto tan grande en muchos productores como podría haber tenido en una economía dependiente del sistema bancario. Finalmente, la economía fue ayudada por una inyección de efectivo; como las empresas podían pagar sus deudas con sueldos y tasas en negro, esto permitió que la demanda de bienes de consumo y servicios de la industria de Rusia creciera. Por primera vez en muchos años, el desempleo en 2000 bajó debido a que las empresas contrataban trabajadores. No obstante, el equilibrio político y social ha permanecido en una posición delicada hasta nuestros días. La economía sigue siendo susceptible de bajar si, por ejemplo, los precios mundiales del petróleo sufren una caída dramática.

La primera fase de la guerra ruso-ucraniana se refiere al periodo comprendido entre 2014 y 2015 en los inicios de dicho conflicto. Tras esta etapa se desarrolló una fase de alto el fuego a la que siguió un recrudecimiento del conflicto a partir de febrero de 2022. Inicialmente se trató de una crisis diplomática internacional que sobrevino en febrero de 2014 tras la destitución del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich como resultado de las protestas del Euromaidán —realizadas principalmente en las zonas occidental y central del país para apoyar el acercamiento hacia la Unión Europea— que fueron rechazadas por comunidades rusófonas de la zona suroriental del país, compuestas en su mayoría por ucranianos rusófonos y rusos étnicos opuestos a estudiar el idioma del país en el que vivían.

Tras la huida de Yanukóvich en dirección desconocida el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema destituyó del cargo a Yanukóvich por «el abandono de sus funciones constitucionales». El 23 de febrero de 2014, el jefe del grupo parlamentario del Partido de las Regiones que lideraba Yanukóvich, Oleksandr Yefrémov, responsabilizó a Yanukóvich del saqueo del país y del derramamiento de sangre.

Consecuentemente, el parlamento asumió el poder Ejecutivo y propuso derogar la ley sobre la cooficialidad de los idiomas de las minorías a nivel municipal y provincial. Como respuesta, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno nacional y proclamaron sus anhelos de estrechar sus vínculos (o inclusive integrarse) con Rusia. Estas protestas se concentraron en Crimea y algunas óblast en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania donde se produjeron una serie de revueltas militares, incluyendo tanto tropas locales como tropas rusas. En medio del levantamiento, las autoridades de Crimea convocaron a un referéndum para el 16 de marzo siguiente con el propósito de adherirse a la Federación Rusa.

Tras el pedido del gobierno de Crimea a Rusia, el Consejo de la Federación aprobó un envío de tropas que (según las autoridades del país) tenía como objetivo garantizar la integridad de los habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación sociopolítica. Ello favoreció la Declaración de Independencia de Crimea y Sebastopol que condujo a la proclamación de la República de Crimea —reconocida solo por Rusia— previo restablecimiento de la constitución de 1992 que consideraba al territorio como soberano —aunque delegaba algunas competencias a Ucrania— con una ciudadanía y una policía propias. El proceso finalmente condujo a la adhesión de Crimea a Rusia que fue oficializada el 18 de marzo de 2014, aunque no contó con el reconocimiento del gobierno ucraniano.

Pese al apaciguamiento alcanzado en Crimea, la situación degeneró en el Dombás donde las fuerzas separatistas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) se enfrentaron al gobierno de Ucrania agravando la guerra en esta región. El 11 de mayo de 2014, ambas repúblicas celebraron referéndums sobre su estatus político que resultaron en una proclamación de independencia de las regiones en cuestión mientras que los combates continuaron a pesar de los intentos de por detenerlos. No obstante, el 15 de febrero de 2015 —con la entrada en vigencia del acuerdo Minsk II— se inició un alto el fuego incondicional.

Numerosos ciudadanos rusos, como por ejemplo Ígor Guirkin y Aleksandr Borodái, ocuparon altos puestos entre los rebeldes y varios países consideraron que Rusia proporcionó apoyo material y militar a los separatistas. En este sentido, las reacciones internacionales fueron casi siempre condenatorias de la decisión de Rusia de intervenir, y de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Es así que tras la adhesión de Crimea a Rusia, varios países (encabezados por la Unión Europea y Estados Unidos) aplicaron una serie de sanciones contra el entorno del gobierno ruso. Pero fue el voto de la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la integridad territorial de Ucrania, la acción que contó con la participación de países más numerosa: a favor se pronunciaron cien naciones, once votaron en contra y 58 se abstuvieron, con lo que la secesión de Crimea y Sebastopol fue declarada inválida.

 

La invasión Rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Está generando un número creciente de víctimas; así, hasta mediados de 2023, había causado la muerte de más de 9000 civiles y cientos de miles de soldados. Los combates también han generado la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial: más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7,1 millones se han desplazado internamente. Además, la guerra ha causado daño ambiental significativo y ha puesto en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial.

La invasión estuvo precedida por una concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania, que dio comienzo a mediados de 2021. Durante este periodo de tensión diplomática, el presidente ruso Vladímir Putin criticó la ampliación de la OTAN posterior a 1997 mientras negaba repetidamente que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. No obstante, el 21 de febrero siguiente, Rusia reconoció a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en la región de Dombás en el este de Ucrania, y envió tropas a esos territorios. Al día siguiente, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. El 24 de febrero, Putin anunció —en un mensaje televisado— una «operación militar especial» en el territorio de Donetsk y Lugansk; los misiles comenzaron a impactar en varios lugares de Ucrania, y las fuerzas terrestres rusas entraron en el país dando inicio a diferentes ofensivas.

En los frentes sur y sureste, los rusos tomaron Jersón en marzo de 2022 y Mariúpol el mes siguiente mientras abandonaron la campaña de Ucrania central y lanzaron una renovada batalla del Dombás. Las fuerzas rusas continuaron bombardeando objetivos militares y civiles lejos de la línea del frente, incluida la red de energía durante el invierno. A fines de 2022, Ucrania lanzó contraofensivas en el sur y el este. Poco después, Rusia anunció la anexión de cuatro provincias parcialmente ocupadas. En noviembre, Ucrania retomó partes del Óblast de Jersón. En febrero de 2023, Rusia movilizó a cerca de 200 000 soldados para una nueva ofensiva en el Dombás. En junio de 2023, Ucrania lanzó otra contraofensiva en el sureste.

La invasión ha recibido una condena internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución ES-11/1 condenando la invasión y exigiendo la retirada total de Rusia. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender las operaciones militares y el Consejo de Europa expulsó al país. Numerosos gobiernos, principalmente europeos y norteamericanos, impusieron sanciones a Rusia y su aliado Bielorrusia, y proporcionaron ayuda humanitaria, económica y militar a Ucrania. Más de 1000 empresas abandonaron Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, secuestro de niños y genocidio, emitiendo una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023.

 

La intervención rusa en Siria (Военная операция России в Сирии en ruso) es una serie de operaciones militares aéreas en territorio sirio efectuadas por las Fuerzas Armadas Rusas desde el 30 de septiembre de 2015, interviniendo así directamente en la guerra civil siria. Dicha intervención respondía a solicitudes por parte del presidente sirio Bashar Al-Asad para socorrer el esfuerzo bélico de su gobierno en el conflicto, puesto que diversos países, como EE. UU., Israel y Arabia Saudita habían financiado a la mayoría de los grupos armados .​ El presidente ruso Vladímir Putin había conseguido horas antes de los primeros bombardeos la autorización unánime del Consejo de la Federación rusa para el uso de tropas de ese país en territorio sirio.​​

Esta acción militar marca la primera vez desde el final de la Guerra Fría en que elementos militares de Rusia participan en un conflicto armado fuera del territorio de la antigua Unión Soviética.​ Ya antes del 30 de septiembre, los rusos habían estado reuniendo equipo militar en su base naval en las ciudades sirias de Tartús y Latakia, además de haber acordado con los gobiernos de Irán e Irak la creación de una central de inteligencia compartida entre estos países, Rusia y Siria situada en la capital iraquí de Bagdad.​ El objetivo primario de Rusia es ayudar a sostener el gobierno aliado sirio de Bashar Al-Asad contra la oposición de diversos grupos armados, entre los que se encuentra el Estado Islámico, la Coalición Nacional Siria, el Frente Al-Nusra (considerado la rama en Siria de Al-Qaeda) y las fuerzas del Kurdistán sirio, entre muchos otros. Hasta el 9 de noviembre de 2015, un mes después de iniciar las operaciones, Rusia había efectuado 1391 vuelos de combate como parte de la campaña,​ la cual apoyaba los movimientos terrestres de las Fuerzas Armadas de Siria.​ Además de las incursiones aéreas, las actividades militares rusas incluían el uso de misiles lanzados desde su Flotilla del Mar Caspio.​

En diciembre de 2015 Rusia entró oficialmente en la Guerra Civil Siria y contra Estado Islámico. El 14 de marzo de 2016, Putin, presidente de Rusia, anunció oficialmente el inicio de la retirada de las tropas de Rusia en Siria al dar por cumplida su misión antiterrorista, pero dijo que “Rusia mantendrá su presencia en el puerto sirio de Tartus y en el aeródromo Hmeymim”.​​

Desde el comienzo de la participación rusa, pasando por la retirada gradual y permanencia actual de Rusia en la guerra, han muerto 126 soldados rusos en Siria, contando los 39 soldados rusos que viajaban en el accidentado Antonov An-26 en Siria y contando, aunque fuera de Siria pero como parte de la misión, 8 soldados murieron (de las 92 personas que viajaban, la cual fallecieron todas) un avión Tu-154 con destino a Siria se estrelló en el Mar Negro; el 17 de septiembre de 2018 un avión ruso de reconocimiento Ilyushin Il-20 fue derribado por las defensas antiaéreas sirias por error mientras aviones de la aviación israelí atacaba la localidad de Latakia, muriendo en el acto 15 soldados rusos. Estos tres accidentes de aviación militar junto con las demás bajas hace un total de 134 soldados rusos muertos en la misión en Siria y contra el ISIS. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, 116 soldados rusos han muerto en la guerra en Siria.​​

Después de que el 6 de diciembre de 2017 Rusia anunciara que todos los territorios controlados antes por los terroristas de Daesh en Siria fueron liberados, Vladímir Putin, ordenó un recorte del contingente ruso emplazado en el país árabe.

Desde el principio de su participación en la guerra en septiembre de 2015, Rusia anunció que envió más de 63.000 militares a Siria, además señaló que la Fuerza Aérea Rusa realizó más de 39.000 incursiones, en las que abatieron a más de 86.000 insurgentes y destruyeron 121.466 objetivos terroristas.​

 

Sucesivas alianzas económicas con diferentes países como China, Bielorrusia, Venezuela, Brasil y unas cercanas relaciones con la Unión Europea, unido a un pragmático impulso a los sectores energético, petrolero y gasífero, basado en el fuerte aumento del precio del petróleo en el mercado mundial, y una constante innovación tecnológica​ pero también a la mejora y simplificación del sistema impositivo, que redujo la evasión fiscal.

El Banco Central de Rusia sigue manteniendo el doble objetivo de luchar contra la inflación y sujetar la apreciación del rublo. En 2019 la inflación fue del 3.22%.​ Para combatir la inflación, el Gobierno tomó dos medidas: permitió la apreciación del tipo de cambio en términos reales y absorbió flujos de petrodólares a través del pago anticipado de la deuda al Club de París.

Según los datos oficiales, Rusia es una economía de servicios, ya que estos representan el 55,9% del PIB; la industria supone el 39,6% del PIB y la agricultura, un 4,5%. La política económica actual de Vladímir Putin está dirigida a fortalecer los cuatro «proyectos nacionales prioritarios»: vivienda, educación, sanidad y agricultura. En el primer gobierno de Putin Rusia fue ascendida al grado de inversión por las mayores agencias internacionales de calificaciones. En octubre de 2003 lo hizo Moody’s; en noviembre de 2004, Fitch; y en enero de 2005, Standard and Poor’s. El continuo aumento del Fondo de Estabilización, que ya supera los 29.000 millones de dólares, así como de las reservas en oro y divisas, de más de 150.000 millones de dólares, contribuye a proteger la economía rusa contra los choques externos. En octubre de 2005, la cotización de la moneda rusa acabó por recuperar el nivel previo a la crisis de 1998.​ En 2015 Rusia registró un superávit en su Balanza comercial de 181.827 millones de euros, equivalente a un 10,03% de su PIB (Nominal), uno de los mayores a nivel mundial.​

En 2014 la deuda pública en Rusia fue de 242.920 millones de euros representando el 13,80% del PBI. Rusia está entre los países con menos deuda respecto al PIB del mundo^{[cita requerida]}.

Tras una crisis y recesión de corto plazo (2014-15) debido a las sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea y los EE. UU. tras la crisis de Crimea, consiguiendo la economía rusa hacerse menos dependiente de Occidente y volviendo su mirada hacia las otras potencias del grupo BRICS (China, India, Brasil y Sudáfrica) así como hacia Latinoamérica y África. Paralelamente las sanciones llevaron a que las compañías empezaran a pagar sus deudas en el exterior, el aumento de ahorros y el volumen de inversiones dentro del paìs.​

Durante sus dos primeros mandatos, el gobierno ruso devolvió al control estatal los sectores económicos estratégicos monopolizados por los oligarcas, incluidos los hidrocarburos. También se compromete a reducir el gasto social y a introducir un sistema fiscal favorable para las empresas y las rentas altas. ^{[cita requerida]}En 2001 se introdujo un tipo único de impuesto sobre la renta (13%) y en 2002 se adoptó un nuevo código laboral más favorable para los empleadores. Las autoridades añaden un sistema obligatorio de capitalización al sistema de pensiones; por lo tanto, el 6% de las cotizaciones a las pensiones no se destinan a la financiación de las pensiones en curso, sino a intermediarios financieros o fondos de pensiones privados.​

En 2005, tras un movimiento de protesta sin precedentes desde principios de los años noventa, el Gobierno se vio obligado a introducir ciertas reformas sociales, incluido el refuerzo de las prestaciones familiares. Tras la crisis económica de 2008, seguida de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en 2014 tras la crisis de Crimea, que empujaron a Rusia a la recesión, el Gobierno relanzó su política de austeridad reduciendo ciertos gastos sociales. En materia fiscal, las autoridades optan por aumentar los impuestos sobre el trabajo (aumento del tipo del impuesto sobre la renta y del IVA) y reducir los impuestos sobre el capital. Muchas ayudas y créditos fiscales se conceden a las grandes empresas, incluidas las más rentables. Según el Tribunal de Cuentas, estas ventajas fiscales se tradujeron en una pérdida de ingresos para el presupuesto del Estado de 11 billones de rublos (145.000 millones de euros).​ Para 2019 Moody's había vuelto a aumentar la calificación crediticia de Rusia del nivel Ba1 al Baa3.​ En paralelo desde 2015 se llevó a cabo un plan de una inversión de 336.000 millones de euros para modernizar la sanidad, la educación, las infraestructuras, la vivienda y la agricultura en Rusia para ayudar a aquellos que lo necesiten y reducir potencialmente el declive de la población rusa.​

Las relaciones Rusia-Unión Europea desde 2012 es un término que hace referencia a las relaciones entre ambas partes a partir del tercer mandato presidencial de Vladímir Putin en Rusia. Durante este periodo, iniciado en mayo de 2012, las relaciones bilaterales se han visto afectadas principalmente por la guerra ruso-ucraniana que desde 2014 ha originado una serie de sanciones de la UE hacia Rusia, en medio de una asociación económica en la que el sector energetico representaba un factor de vital importancia al ser Rusia el mayor proveedor para la Unión Europea hasta agosto de 2023.​ Adicionalmente las sanciones impuestas por la UE a partir de la invasión rusa de Ucrania en 2022 provocaron un cambio en la actitud de Putin, donde la UE pasó de ser el principal mercado para sus exportaciones energéticas a estar en la lista de países hostiles hacia Rusia que amenazan la seguridad del país.

 

El principal punto de conflicto entre la UE y Rusia es la influencia que puede ejercer cada parte sobre diversos países de la Europa Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). Es así que mientras Rusia recurre a dispositivos económicos, militares y no militares, para mantener a estos países en su esfera de influencia, la UE apoya ocasionalmente la integración de los mismos en las actividades occidentales, apostando por la cooperación dentro del marco de la Política Europea de Vecindad.​

La primera fase de la guerra ruso-ucraniana —entre 2014 y 2015— se originó en la cuestión sobre el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea que llevó a los disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista del Euromaidán. Posteriormente, la UE condenó la intervención rusa en Ucrania —adhesión de Crimea a Rusia y guerra del Dombás— y suspendió el diálogo sobre las cuestiones relativas a la política de visados y las negociaciones sobre un nuevo acuerdo bilateral. Desde entonces la Unión aplica un enfoque de doble vía que combina sanciones con intentos de encontrar una solución al conflicto en Ucrania.​

Tras la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022, la Unión Europea, Estados Unidos y varios de sus aliados decidieron aumentar las sanciones contra el gobierno ruso iniciadas en 2014. La medida buscaba “paralizar” la capacidad rusa para «financiar su maquinaria de guerra» y dificultar su manejo de activos para obtener liquidez. Además Alemania negó la certificación de gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 —que eventualmente perjudicaría a Ucrania—, cuya construcción finalizó en 2021 pero que aún no había entrado en funcionamiento.​ Adicionalmente varios gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE decidieron enviar armamento y ayuda económica al gobierno ucraniano, así como facilitar la entrada de refugiados ucranianos a sus respectivos territorios.​

Por otra parte, el trato reservado por el gobierno ruso a la disidencia —en el caso Skripal la UE expulsó diplomáticos rusos— y a la oposición en su país —caso de Alekséi Navalni—​ también ha provocado tensiones entre las partes. No obstante, la participación rusa en la labor del grupo de países para celebrar un acuerdo nuclear con Irán permitió albergar esperanzas respecto a una mayor cooperación a escala internacional. No obstante, la intervención militar rusa en la guerra civil siria desde septiembre de 2016, en apoyo al presidente Bashar al-Ásad, finalmente agravó las tensiones con la UE.​ Sin embargo, la negativa tanto de Rusia como de la UE de ceder a la presión estadounidense por romper las relaciones con Irán permitió al gobierno de Putin eludir parcialmente las sanciones impuestas.​